NOVEX JURÍDICO
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Administrativo

En esta área prestamos servicios de asistencia y asesoramiento, tanto a clientes de índole privado como entidades en el sector público.

 

En la tramitación y resolución de todo tipo de expedientes y recursos administrativos, así como también en la de recursos contenciosos-administrativos.

 

Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas o del personal a su servicio Informes y recursos para la exigencia de esta responsabilidad en distintos sectores.

 

Expedientes sancionadores en cualquier ámbito de la Administración.

Noticias Jurídicas

NUEVA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN

El día 2 de octubre de 2016 han entrado en vigor la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común (PACA)

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565;

Y la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, (LEREJUS)

http://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566

Ambas han sustituido a la ley 30/1992 de 26 de noviembre de régimen jurídico de las administraciones públicas, por tanto, aunque durante un tiempo coexistirán ambas de acuerdo al periodo transitorio que se establece en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 39/2015, Régimen transitorio de los procedimientos.

a) A los procedimientos ya iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley no les será de aplicación la misma, rigiéndose por la normativa anterior.

b) Los procedimientos de revisión de oficio iniciados después de la entrada en vigor de la presente Ley se sustanciarán por las normas establecidas en ésta.

c) Los actos y resoluciones dictados con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley se regirán, en cuanto al régimen de recursos, por las disposiciones de la misma.

d) Los actos y resoluciones pendientes de ejecución a la entrada en vigor de esta Ley se regirán para su ejecución por la normativa vigente cuando se dictaron.

e) A falta de previsiones expresas establecidas en las correspondientes disposiciones legales y reglamentarias, las cuestiones de Derecho transitorio que se susciten en materia de procedimiento administrativo se resolverán de acuerdo con los principios establecidos en los apartados anteriores.

La Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo, se ocupa del procedimiento y lo hace robusteciendo y consolidando las reglas de procedimiento administrativo tanto en el aspecto sancionador, así como la de la responsabilidad por no funcionar debidamente - pero en lo básico que habitualmente maneja el administrado, se manejarán los mismos conceptos de la derogada ley 30/92..

La Ley 40/2015 de Régimen jurídico, abarcará en su ámbito subjetivo, a todas las Administraciones Públicas y al llamado “Sector público institucional”.

Debido a la entrada en vigor de ambas leyes, se deben adaptar todos aquellos procedimientos actuales a las nuevas Leyes, lo que quiere decir, desde el punto de vista del Administrado,  habrá instancias, modelos, procedimientos, y en particular –plazos- que pudieran NO se válidos, o que sirviendo habrá que adaptar a las nuevas leyes, en general a la “PACA”; y lo que será más complicado, sobrevivirán normas y procedimientos en el ámbito del Ministerio de Defensa que pudieran ser contrapuestos a lo dispuesto en la nueva Ley; por tanto, se hace especial hincapié en que partir de esa fecha el Administrado debe tener especial precaución a la hora de realizar cualquier tipo de trámite, para ello puede contactar  con éste despacho jurídico con el fin de asegurarse de que la instancia, el recurso o el procedimiento que piensa emplear esté ya adaptado a las nuevas leyes, esté en vigor o haya sido anulado, si existen contraposición de derechos. Etc.

EL TC ESTIMA PARCIALMENTE EL RECURSO CONTRA LAS TASAS JUDICIALES POR CONSIDERAR QUE SU CUANTÍA VULNERA EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA

 

El Pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad ha declarado la inconstitucionalidad y nulidad de las tasas fijadas tanto para el acceso a la jurisdicción como para la interposición de recursos por considerar que vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE). Las tasas afectadas son sólo las exigidas a las personas jurídicas; la reforma de la ley por el Real Decreto-Ley 3/2013, de 22 de febrero, eximió del pago del tributo a las personas físicas, por lo que el Tribunal ha declarado extinguido el objeto del recurso en lo que se refería a dichas tasas.

En concreto, el Tribunal anula los incisos del art. 7.1 de la ley que prevén las siguientes cuotas fijas: 1) la de 200 euros para interponer el recurso contencioso administrativo abreviado y la de 350 euros para interponer el recurso contencioso administrativo ordinario; 2) la de 800 euros para promover recurso de apelación y de 1.200 euros para los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal, en el orden civil; 3) la de 800 euros para el recurso de apelación y 1.200 euros para el recurso de casación en cualquiera de sus modalidades, en el orden contencioso-administrativo; 4) así como también la nulidad de la tasa de 500 euros para el recurso de suplicación y 750 para el de casación en cualquiera de sus modalidades, ambos del orden social.

 

También ha sido declarado inconstitucional el art. 7.2, que impone una cuota variable cuya cuantía será la que resulte de aplicar al valor económico del litigio el tipo de gravamen que corresponda, según la siguiente escala: de 0 a 1.000.000€, 0,5%; el resto, un tipo porcentual del 0,25. Máximo variable: 10.000€.

 

El Tribunal aclara que, en virtud del principio de seguridad jurídica, la declaración de nulidad de las tasas sólo producirá efectos “pro futuro”, esto es, en relación con nuevos supuestos o con los procedimientos donde no haya recaído una resolución firme. La sentencia no ordena la devolución de las cantidades pagadas en relación con las tasas declaradas nulas ni en los procedimientos finalizados por resolución firme ni tampoco en los no finalizados en el que el pago de la tasa se satisfizo sin que fuera impugnada por vulneración del art. 24.1 CE. De hecho, en este último supuesto, la ausencia de la impugnación de la tasa dio firmeza a la liquidación del tributo.

http://www.tribunalconstitucional.es/es/salaPrensa/Documents/NP_2016_074/Nota%20Informativa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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